El canciller Álvaro Leyva tiene 3 días para pedir que se revoque la suspensión que le impusieron y se archive su caso por la supuesta violación de normas de contratación colombianas, al haber interrumpido el contrato de licitación de los pasaportes con la firma internacional Thomas Gregg. Si no lo hace, la procuradora Margarita Cabello podrá dar un concepto sobre si desacató la sanción de tres meses. La defensa de Leyva sostiene que la suspensión ya no procede porque los motivos ya no existen, pero las cosas aún no son tan claras. ¿Qué puede ocurrir? ¿Está en riesgo el ministro Leyva de incurrir en sanciones penales más duras, incluso con su propio patrimonio?

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