No hay que sorprenderse ante los ataques de los independentistas, los comunistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA contra la separación de poderes. Lo insólito es que sean los aliados que Sánchez ha elegido para seguir siendo presidente del Gobierno. Es la inquietante anomalía española. Estamos asistiendo al más grave desafío contra el ordenamiento constitucional que hemos vivido desde su aprobación en 1978. Una vez sometido el Poder Legislativo ahora toca hacer lo mismo con el Judicial. Este autoritarismo populista se sustenta en otorgar a las Cortes unas competencias soberanas que no contempla la Constitución. No sirve la idea de que lo que no está prohibido está permitido, porque los poderes públicos no pueden hacer aquello para lo que no están habilitados.