A menudo, el único (y no menor) beneficio que se esgrime en los procesos públicos de externalización es el de la eficiencia económica. Subyace la idea de que si dejamos que las fuerzas económicas actúen libremente, el servicio se prestará sin merma de calidad y con un ahorro económico sustancial.

Pero conviene no olvidar que también hay riesgos como la dependencia de un único proveedor o de un pequeño grupo oligopolístico, o la pérdida paulatina del conocimiento sobre las funciones o servicios externalizados que dificulten la regresión del mismo.