La gestión de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en 2024, cobrando 229 vidas. Varios familiares de las víctimas, incluyendo a Rosa María Álvarez Gil y Carmina Gil Sánchez, comparecen para exigir verdad, justicia y reparación, acusando directamente a los líderes regionales de la Generalitat por la mala gestión política y la falta de alertas tempranas. Insisten en que las muertes fueron evitables, no causadas por el clima, sino por la incompetencia de la administración. La comparecencia se caracteriza por los emotivos y directos testimonios de las víctimas, que narran la pérdida de sus seres queridos y la indignidad institucional posterior. La reciente dimisión del expresidente Carlos Mazón es mencionada como un alivio moral, aunque las víctimas afirman que solo el castigo penal y la implementación de mejores protocolos evitarán que la historia se repita. Existe una clara división entre los grupos políticos sobre si la responsabilidad debe centrarse únicamente en el gobierno autonómico o también incluir al Gobierno central en la investigación.

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