En la primavera de 2020, los habitantes de las poblaciones de las comarcas limítrofes de Valencia y Teruel tenían dos motivos de honda preocupación: la evolución de los afectados por el virus covid-19, que les obligaba a permanecer en sus casas, y las andanzas de Pedro Lozano, conocido como el Rambo de Requena, un ladrón que ocupaba casas y robaba víveres. El Rambo iba armado, por lo que se consideraba que era un delincuente potencialmente peligroso. En uno de sus asaltos llegó a disparar contra un viticultor, si bien lo hizo con cartuchos de fogueo. Sin embargo, una vez localizado en la villa turolense de Muniesa, y acorralado por dos miembros de la Guardia Civil, Lozano disparó a matar y malhirió a uno de los agentes. El fantasma de Igor el Ruso, un pistolero serbio que en 2017 mató a un joven ganadero y a dos guardias civiles, puso en alerta a las autoridades policiales. Más aún cuando el Rambo se dirigió a la misma población donde Igor el Ruso cometió sus crímenes: Andorra, la capital de la comarca de Sierra de Arcos. Había que detener al Rambo inmediatamente y se pusieron todos los medios para conseguirlo.