La Operación Falcón, ejecutada por el Ministerio Público para desentrañar un entramado criminal dedicado al tráfico de drogas y lavado de activos, puso de nuevo en relieve el debate inconcluso sobre la participación de personajes de dudosa reputación en la vida pública.

Pese a lo nocivo para la institucionalidad democrática del país, todavía criminales disfrazados de mansos corderos siguen penetrando en la actividad política nacional, con el consabido y calculado propósito de operar luego bajo el manto protector de las propias autoridades.

Estamos ante un gravísimo problema que socava la credibilidad y confianza de toda la clase política, y pone en riesgo la tranquilidad de todo el pueblo dominicano.
El lavado de activos, especialmente aquel derivado de la compra y venta de grandes cantidades de droga, mueve miles de millones de dólares en todo el mundo, y sus operaciones fraudulentas suelen anidarse en aquellas naciones con marcadas debilidades de carácter institucional.

En el ámbito político, estos ilícitos encuentran albergue en procesos electorales en que se invierten cuantiosas sumas de dinero en candidaturas de políticos que actúan en connivencia con organizaciones mafiosas.

Ahora, cuando la Operación Falcón nos recordó este gran secreto a voces, los políticos del patio intentan lavar sus manos para quedar bien ante el gobierno de Estados Unidos, culpándose mutuamente y enrostrándose irregularidades.