La pretensión del gobierno conservador de Andalucía de regularizar los cultivos junto a uno de los más importantes parques naturales de Europa, el de Doñana, lo ha colocado en guerra abierta con Madrid y desafiado a la Comisión europea, en un contexto de gran sequía y con elecciones a la vista. RFI habla con el presidente de la asociación Amigos de Doñana para analizar la problemática El gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, del conservador Partido Popular, contó con los votos de la formación de extrema derecha Vox, y la ley podría acabar siendo aprobada en unas semanas. Ambos partidos sostienen que el agua que se usará para los regadíos es de la superficie, no de los acuíferos del parque, pero asociaciones ecologistas sostienen que vienen de pozos hasta ahora ilegales.  Doñana es una reserva en la provincia de Huelva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que da cobijo a miles de especies de animales y plantas en sus 100.000 hectáreas de lagunas, marismas, dunas y bosques. Situada en el margen derecho del estuario del río Guadalquivir, cerca de su desembocadura en el Atlántico, es un paraíso de aves migratorias, que cada año recibe a más de 500.000 que pasan el invierno ahí. Javier Castroviejo, presidente de la Asociación de Amigos de Doñana ha señalado en la antena de RFI que esto es sólo la punta del iceberg del problema de Doñana y apunta a la contaminación y la mala salud de la marisma como un asunto aún mayor. "Los cultivos de fresas llevan 20 años pero intensivos son ahora, es la tierra agraria más cara de Europa. Hablamos de unos 60,000 euros la hectárea. Esto es una parte del problema, pero ni siquiera la mayor que es la destrucción de la marisma" El Tribunal de Justicia de la UE dictó en 2021 una sentencia contra España por el deterioro de Doñana, y amenazó con multas si no revertía esa situación. "Doñana está así por incumplimientos continuos de las directivas comunitarias. "Esto sucede porque no se cumplen las leyes" sentencia Javier Castroviejo en la antena de RFI.    Contexto electoral La polémica ocurre en un año de grandes citas electorales. El 28 de mayo los españoles elegirán a los gobiernos de sus ayuntamientos y de 12 de las 17 regiones del país, y a finales de 2023, en una fecha aún por determinar, a su parlamento y gobierno. El presidente andaluz respondió a las acusaciones del presidente español, Pedro Sánchez,  y los socialistas diciendo que ellos gobernaron Andalucía durante 36 años, hasta principios de 2019, sin resolver la degradación de Doñana. En 2014, el gobierno andaluz, entonces dirigido por la izquierda, legalizó unas 9.000 hectáreas de cultivos establecidas antes de 2004 en las cercanías de Doñana, pero las 2.000 que empezaron a cultivarse a partir 2004 quedaron fuera, y son las que ahora serían regularizadas.