A fines de febrero se hablaba de la primera quincena de marzo como un periodo decisivo tras el estallido del 18 de octubre. Se anticipaba un auge de las movilizaciones junto al retorno de la actividad gubernamental y parlamentaria, además de una mucho más clara definición de los bandos en disputa alineados tras la opción del apruebo o del rechazo de cara al plebiscito del próximo 26 de abril. En medio de todo este cambiante escenario político, la última semana nos recordó que el oasis chileno tampoco era inmune a los influjos externo como es el arribo del COVID-19.

Algunas fuerzas que respaldan la opción por el rechazo ya han visto con bueno ojos el intento de aplazar las elecciones para no llevarse una derrota de proporciones, rearmar sus fuerzas y esperar por un cambio en la opinión pública más favorable a sus intereses. Conscientes del desafío sanitario que impone la pandemia, las múltiples fuerzas que hoy van por el apruebo deberán asumir con astucia el desafío político de mantener al alza el respaldo de la población por la creación de una nueva Constitución que sepulte la de 1980, sobre todo si es que el coronavirus vuelve inevitable la reprogramación del plebiscito.